Jujuy: Un modelo de represión a nacionalizar

En los últimos días, la situación en la provincia de Jujuy ha alcanzado niveles alarmantes de represión y persecución por parte del gobierno de Gerardo Morales, quien también se desempeña como precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Bajo la excusa de la implementación de una polémica reforma constitucional, se han llevado a cabo detenciones arbitrarias, allanamientos y hasta violaciones a la autonomía universitaria, dejando en evidencia un claro avance contra los derechos y la libertad de expresión de los ciudadanos.

El Poder Judicial de Jujuy ha emitido órdenes de detención contra 22 personas que participaron en una manifestación en la ciudad de Humahuaca el pasado 30 de junio en rechazo a la reforma constitucional impulsada por Morales. Estas detenciones, acompañadas de pedidos de allanamiento en los domicilios de los imputados, han sido calificadas como una clara estrategia de criminalización de la protesta social. Los cargos presentados, como sedición y privación ilegítima de la libertad, son de extrema gravedad y buscan infundir miedo y silenciar a aquellos que se oponen a las decisiones del gobierno.

Hasta el momento, al menos cinco personas han sido detenidas, y se desconoce su paradero exacto, lo que genera una gran preocupación en sus familias y en defensores de los derechos humanos. Las detenciones y los allanamientos han sido llevados a cabo sin una justificación clara y sin respetar los procedimientos legales adecuados, lo que demuestra una clara vulneración del Estado de derecho y de las garantías individuales de los ciudadanos.

Por otro lado, la policía provincial de Jujuy ha ingresado sin autorización en la Universidad Nacional de Jujuy, violando flagrantemente la autonomía universitaria. Este hecho ha generado un repudio generalizado por parte de la comunidad académica y de diferentes organizaciones estudiantiles, que se encontraban reunidas en el Consejo Superior de la universidad para debatir y expresar su rechazo a la reforma constitucional y a la persecución de profesores y alumnos. El ingreso de la policía sin identificación y sin justificación alguna constituye un ataque directo a la libertad de cátedra y una clara intromisión en los asuntos internos de la institución.

Este conjunto de acciones llevadas a cabo por el gobierno de Gerardo Morales no hace más que reflejar su visión autoritaria y su afán por silenciar cualquier forma de protesta y disidencia. Las detenciones indiscriminadas, los allanamientos sin fundamentos sólidos y la violación de la autonomía universitaria son señales claras de una política represiva que busca instaurar un clima de miedo y amedrentamiento en la sociedad jujeña.

Es importante destacar que estos sucesos en Jujuy son un adelanto de lo que podría esperar el país después de las próximas elecciones. La pérdida de derechos y la restricción de la libertad de expresión son elementos que se perfilan en el horizonte, y es responsabilidad de la ciudadanía estar alerta y defender los valores democráticos que nos asisten.

Resulta imprescindible que tanto las organizaciones de derechos humanos como la sociedad en su conjunto denuncien y repudien enérgicamente estas acciones, exigiendo el respeto a las garantías constitucionales y el cese de la persecución política en Jujuy. La defensa de los derechos y las libertades individuales no puede ser sacrificada en aras de intereses partidarios o políticos. Es momento de alzar la voz y exigir un verdadero respeto a los principios democráticos y al estado de derecho. Jujuy y el resto del país merecen un futuro en el que prime el diálogo, el respeto y la inclusión, y no la represión y la persecución.

Luis Demitre