Desalojo en Jujuy: La Comunidad Kolla Aborigen de Guerrero enfrenta la expulsión de su territorio ancestral

En un operativo que contó con la participación de 150 agentes de la policía jujeña, cinco familias de la Comunidad Kolla Aborigen de Guerrero fueron desalojadas de sus tierras ancestrales. Durante el despliegue, se registraron denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluyendo agresiones a mujeres, niños y ancianos. Además, cinco integrantes de la comunidad fueron detenidos. La intervención también tuvo un fuerte impacto en el modo de vida tradicional, pues las familias perdieron animales y sufrieron la profanación de su cementerio, donde yacen los restos de sus antepasados.

El conflicto sobre la posesión de estas tierras ha estado marcado por intereses económicos relacionados con el sector inmobiliario, respaldados por figuras políticas de alto perfil. En el centro de la controversia se encuentran Guillermo Jenefes, exvicegobernador de Jujuy (2011-2015) y propietario del canal de televisión local Canal 7, y su hijo, Juan Jenefes, actual diputado provincial por el Partido Justicialista. Según se ha señalado, buscan desarrollar proyectos turísticos en el área, una práctica que no sería nueva en la región.

A pesar de que la Comunidad Kolla posee reconocimiento legal de su personería jurídica desde 2008, otorgado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el conflicto por el territorio se intensificó en 2021. Ese año, bajo la gobernación de Gerardo Morales, se anuló la resolución 62/2018 del INAI, que establecía los límites del territorio indígena. Esta medida dejó el camino libre para que se favorecieran proyectos de desarrollo impulsados por intereses cercanos al poder político local, en detrimento de los derechos históricos de la comunidad.

La expulsión forzada de la comunidad Kolla revela las tensiones entre la preservación de los derechos de los pueblos originarios y la expansión de intereses económicos en la provincia. El caso no solo se refiere a una disputa territorial, sino que también cuestiona la relación del Estado con las comunidades indígenas y la coherencia de sus políticas en torno a la protección de su cultura y su tierra.

Estas contradicciones son evidentes cuando figuras del poder provincial celebran festividades como la Pachamama, promoviendo una imagen de respeto a las tradiciones indígenas, mientras por otro lado permiten, o incluso facilitan, el desplazamiento de los mismos pueblos que dicen valorar. El caso de la Comunidad Kolla en Jujuy ejemplifica cómo, en muchas ocasiones, los intereses económicos logran imponerse sobre los derechos y el bienestar de las comunidades más vulnerables, cuyos lazos con la tierra trascienden lo material, incorporando dimensiones culturales y espirituales fundamentales para su identidad.