Cuatro millones de niños y adolescentes en inseguridad alimentaria

Casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes que habitan en zonas urbanas de la Argentina atravesaban, antes del inicio de la pandemia, situaciones de inseguridad alimentaria, lo que representaba un crecimiento del 48,3 por ciento de las infancias en esa condición en un período de tan solo cuatro años, según un informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Así, la cuarentena obligatoria sorprendió a las infancias y adolescencias en niveles récord de inseguridad alimentaria para los últimos 10 años -30.5%-, y, también con la mayor cobertura alimentaria gratuita, de la cual una buena parte era canalizada por comedores escolares.

“Estos datos representan la línea de base con la que vamos a comparar los efectos de la cuarentena a nivel nacional en breve”, dijo a Télam la responsable del estudio “Condiciones de vida de las Infancias Pre-pandemia COVID-19”, Ianina Tuñón.

“Además, ésta es una encuesta que nos permite hablar de ‘la generación del bicentenario’, es decir, hacer un seguimiento de los niños que nacieron en el 2010, buena parte de los cuales han crecido en condiciones de mucha vulnerabilidad”, aseguró Tuñón sobre el informe elaborado con datos de la Encuesta de la Deuda Social entre 2010 y 2019.

El estudio dado a conocer hoy revela que en 2019 volvió a subir la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNyA) urbanos que vieron reducida su dieta por problemas económicos, aunque en una mínima expresión, después del salto de casi 8 puntos porcentuales experimentado entre 2017 y 2018, con casi 900 mil niños y adolescentes adicionales afectados.

Así, al final del año pasado, casi 4 millones de chicos urbanos de entre 0 y 17 años (30,5%) tuvieron problemas para alimentarse, contra los 2.639.000 millones que estaban en esa situación en 2015, lo que implica un aumento del 48,3% en cuatro años.

Pero mientras en 2019 la inseguridad alimentaria total trepó sólo un punto porcentual y la severa (pasar hambre) subió en medio punto –de 13,5 a 14%-, la alimentación gratuita en escuelas y comedores comunitarios (almuerzos, desayunos, copas de leche y viandas) tuvo un “crecimiento muy significativo”, pues pasó del 34,6 al 39,2% de cobertura en el mismo período, lo que implica que a fines del último año casi cuatro de cada 10 chicos completaban su dieta de esta forma.

De la relación entre estos dos indicadores surge que “el incremento de esta cobertura alimentaria no fue suficiente para contener la crisis socioeconómica”.

“La inseguridad alimentaria es un indicador que había sido muy estable a lo largo de toda la década, pero que se incrementó significativamente en los últimos dos años con el aumento de la pobreza monetaria”, dijo.

Tomando nota de esta situación, la nueva gestión asumida el 10 de diciembre “instala muy fuertemente” este tema en su agenda y, de hecho, “la Tarjeta Alimentar es la principal política pública con la que se inaugura el nuevo gobierno”, cuyo objetivo “no es sólo erradicar la inseguridad alimentaria, sino mejorar la calidad de la alimentación, particularmente de los chicos entre 0 y 6 años”, dado que “después entran a la escuela” y ahí son beneficiarios de “políticas alimentarias directas”, de acuerdo al estudio.

De hecho, el reporte estima que casi el 55% de los chicos en edad de asistir a la primaria (5 a 12 años) estaba accediendo a algún tipo de alimento gratuito, contra el 24,3 de los niños de entre 0 y 4 años.

Y si bien "la tarjeta Alimentar estaba bien orientada de acuerdo a la evidencia (estadística) que manejábamos", no fue pensada para estos tiempos de pandemia, cuya irrupción hace que “el contexto socioeconómico actual sea mucho peor” de lo previsto, "dificultando la implementación” del programa, y haciendo que "se quede corto en términos de transferencia de ingresos".

“Por supuesto que se han puesto en marcha otras políticas, como el Ingreso Familiar de Emergencia, pero difícilmente en el actual contexto hayamos podido disminuir la inseguridad alimentaria sino que seguramente es una problemática mucho más vigente aún que en 2019, porque además hay nuevos sectores que están cayendo en la pobreza”, dijo Tuñón.

Por otro lado, antes de la pandemia, la estadística muestra que el 21,8% de los NNYA vivía hacinado y un porcentaje levemente superior lo hacía en viviendas precarias (23,9%), mientras que el 4,1% habita hogares con déficit de saneamiento, es decir, que no tienen agua corriente, inodoro con descarga o cloaca.

Y si bien se vienen reduciendo sostenidamente este último grupo -con una disminución entre puntas de 12,5 puntos porcentuales- esta problemática aún afecta al 55,2% de los chicos del gran Buenos Aires y el 33% de los que residen en las grandes ciudades del interior.

“Lo que esta cuarentena ha revelado es cómo las condiciones de habitabilidad son de mucha precariedad en términos de aspectos básicos que se constituyen como claves para la prevención del coronavirus, como el acceso a agua corriente y el hacinamiento”, señaló.

Pero la convivencia de tres o más personas por cuarto habitable “cobra otro significado” para los NNyA en la cuarentena, porque “las personas adultas que antes salían a trabajar ahora están siempre dentro de la casa”, viéndose los chicos expuestos a problemas adicionales para continuar su escolarización –como la falta de “conectividad”, de equipos informáticos suficientes o del silencio necesario-.

En materia del derecho a la salud, el estudio muestra un incremento de la población de NNyA que dependen del servicio de salud estatal, que para fines de 2019 representaba casi el 56% de las población entre 0 y 17.

“Muchos chicos han dejado de ser vacunados y han abandonado sus controles preventivos de la salud, con lo cual el nivel de demanda que va a tener los hospitales cuando la cuarentena se flexibilice va a ser altísimo”, concluyó