Crueldad: Apuestan a que los bolsillos vacíos mantengan baja la inflación

En un nuevo golpe al bolsillo de los argentinos, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió eliminar subsidios a la luz y el gas, lo que se traducirá en un aumento del 4 al 6 por ciento en las boletas de septiembre. Este incremento no es más que una estrategia para compensar la reducción del Impuesto País sobre importaciones, un beneficio que el gobierno de Javier Milei decidió otorgar a los empresarios. La medida, que sigue el camino de otras alzas en servicios y productos esenciales, deja en claro quiénes son los que realmente están financiando al Estado: la gente común, que sigue soportando un ajuste que parece no tener fin.

Caputo ya lo comunicó a las empresas de energía: el aumento de tarifas no solo aplicará a la distribución, sino también al transporte de energía. El argumento oficial es un supuesto "camino progresivo" hacia la eliminación total de subsidios y la implementación de una tarifa plena. Sin embargo, la realidad es otra. El Estado, lejos de reducir sus gastos, está transfiriendo la carga directamente a los consumidores. En otras palabras, mientras los empresarios ven una reducción de costos, los usuarios comunes reciben facturas más caras en medio de un contexto económico cada vez más complejo.

Desde diciembre, la luz aumentó un 75 por ciento y el gas más del 500 por ciento. Este último ajuste en las tarifas de servicios públicos se suma a una serie de aumentos en otros rubros: los combustibles suben un 3 por ciento, las tarifas de agua un 4,5 por ciento, las prepagas entre un 4,5 y 6 por ciento, y el boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires se duplicará. Septiembre será un mes especialmente duro para los bolsillos, con subas que parecen no dar tregua.

La lógica detrás de estas decisiones parece desafiar cualquier principio de justicia social. El gobierno de Milei había aumentado el Impuesto País del 7,5 al 17,5 por ciento para luego reducirlo, pero sin renunciar a la recaudación. El ajuste ahora se traslada a los consumidores, que ven cómo sus gastos en servicios esenciales siguen en aumento. Este esquema no solo agrava la situación de las familias, que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes, sino que además pone en entredicho la estrategia económica de Milei, cuyo objetivo declarado es controlar la inflación.

El propio Caputo, más interesado en que los números cierren que en la realidad de las familias, estima que el IPC de agosto rondará el 4 por ciento, similar al mes anterior. Sin embargo, las subas en los precios regulados añaden una presión adicional a la inflación de septiembre. El INDEC, que utiliza una metodología de promedios, asigna un peso significativo a los alimentos, cuyos precios, aunque altos, se han mantenido más estables desde la devaluación de diciembre. Los precios regulados, en cambio, representan solo una fracción de la inflación total, pero su impacto en los hogares es devastador.

Un ajuste que agrava la pobreza

Lo irónico y cruel de todo esto es que el gobierno parece apostar a que la inflación se mantenga baja, no gracias a políticas inclusivas o de crecimiento, sino a costa de una pobreza creciente. En un contexto donde los ingresos no alcanzan y los costos siguen subiendo, la aparente estabilidad de precios no es más que un espejismo. En otras palabras, el gobierno mantiene la inflación a raya, pero a costa de desmantelar el poder adquisitivo de la gente.

Caputo, aferrado a sus hojas de Excel, tiene claro su objetivo: llegar lo más rápido posible al 100 por ciento de tarifa plena para que las cuentas del Estado cierren. Pero, ¿a qué costo? Según un informe reciente de Gustavo Lopetegui, ex funcionario macrista y actual consultor, si se mantiene este ritmo de quita de subsidios, para fin de año los usuarios estarán cubriendo el 80 por ciento del costo real de sus facturas de servicios. Esto no solo erosiona los ingresos familiares, sino que también pone en duda la capacidad del gobierno para cumplir su meta de reducir la inflación en un contexto de crisis social.

El gobierno de Milei parece decidido a mantener una estrategia que, en el colmo de la crueldad, apuesta a que la inflación esté controlada gracias a la pobreza que él mismo genera. Es la trampa perfecta: los números cierran, pero los hogares no.