Abominable: lideraban red de pornografía infantil desde la cárcel de Florencio Varela

En un megaoperativo sin precedentes contra la distribución de material de abuso infantil, las autoridades de Buenos Aires desarticularon una organización delictiva que operaba desde el interior de la cárcel de Florencio Varela. Este operativo, que incluyó 115 allanamientos en 65 localidades de la provincia, dejó al descubierto la falta de control sobre los internos, que utilizaban celdas adaptadas como "búnkeres" tecnológicos para almacenar y distribuir imágenes de abuso sexual infantil. La operación, denominada "Protección de las Infancias IV," expuso graves fallos de seguridad en la administración penitenciaria y el rol de ciertos reclusos en esta red de explotación.

La investigación, coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas y dirigida por la Fiscalía a cargo de Daniel Ichazo, reveló que al menos seis presos de la unidad carcelaria de Florencio Varela manejaban dispositivos móviles y computadoras para extorsionar a menores y compartir el contenido ilícito con otros reclusos y usuarios externos. Los investigadores se sorprendieron al descubrir una aplicación en los teléfonos de los internos que simulaba ser una calculadora, utilizada para ocultar y transferir archivos de manera clandestina. Uno de los líderes de esta red, condenado a 50 años por delitos de abuso sexual, tenía carpetas organizadas en su dispositivo, etiquetadas con los nombres de sus víctimas.

La operación se desarrolló en colaboración con fuerzas internacionales y organizaciones no gubernamentales, como Grooming Argentina y la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos, Homeland Security Investigations. Además de los allanamientos en el penal de Varela, las fuerzas de seguridad intervinieron en municipios como Avellaneda, Lanús, Bahía Blanca, Junín, Quilmes, La Matanza, y localidades de Tucumán, donde se arrestaron a 21 personas y se incautaron cientos de dispositivos electrónicos con contenido ilegal.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron más de 529 dispositivos de almacenamiento y 261 celulares en distintas ubicaciones, entre los cuales se hallaron imágenes explícitas de menores. En el caso de la cárcel de Florencio Varela, el uso de estos dispositivos no solo expone la vulnerabilidad del sistema penitenciario sino también el incumplimiento de controles básicos de seguridad. Ante la gravedad del caso, diversos sectores de la sociedad han cuestionado el accionar del servicio penitenciario, exigiendo una revisión exhaustiva de los protocolos para evitar que personas condenadas por delitos sexuales mantengan acceso a equipos tecnológicos que faciliten nuevos delitos.

Este no es el primer incidente de este tipo en las cárceles argentinas. En septiembre de 2023, se detuvo a un hombre en la Unidad Penal Nº 21 de Campana por amenazar a una adolescente mediante redes sociales, a pesar de encontrarse bajo custodia. Los antecedentes recientes subrayan una tendencia alarmante en el sistema de seguridad carcelaria y un claro desafío para la reinserción y rehabilitación de los presos.

La Fiscalía y otras autoridades judiciales continúan con las investigaciones para desmantelar redes similares y perseguir judicialmente a los implicados en la producción y distribución de material abusivo. Las operaciones se extendieron en colaboración con la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la División de delitos cibernéticos contra la niñez de la PFA, reflejando un compromiso para frenar el tráfico de pornografía infantil en la región.